El Consejo de Ministros acaba de aprobar un anteproyecto de ley para sentar las condiciones básicas de acceso y disfrute de los servicios sociales en España. 

Esta medida es parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos para la actual legislatura y, si todo sigue los cauces habituales, se aprobaría en el primer semestre del año.

De llevarse a cabo, se trataría de la primera ley estatal de servicios sociales de la democracia, cumpliéndose una de las mayores y más antiguas reivindicaciones del sector social, que llevaba años pidiendo equiparar el llamado ‘Cuarto Pilar’ a otros sistemas nacionales como el de Educación o Sanidad, que ya cuentan con este amparo.

¿Qué viene a mejorar esta normativa? Básicamente, pretende marcar un mínimo común de prestaciones y servicios para todo el territorio, es decir, fijar aspectos como los estándares de calidad o el ratio de profesionales.

La ley también quiere ofrecer una atención más personalizada, moderna y con menos carga burocrática, sobre todo para facilitar el cobro en ayudas de emergencia social, donde rebajar los tiempos es indispensable.

En esta línea de ayudar a las personas más vulnerables, por ejemplo, a la hora de pedir prestaciones, no se exigirá al ciudadano estar al corriente de las obligaciones tributarias o de la Seguridad Social; y desaparecerán también algunos requisitos de acceso como el tiempo mínimo de empadronamiento.

Hay que aclarar primero que la normativa viene motivada por las desigualdades que se generan entre las comunidades autónomas. En España, hay 18 sistemas de servicios sociales distintos y el principal objetivo de la ley es precisamente atenuar esas diferencias. 

Esto no solo se consigue consensuando las bases y actualizando el catálogo, sino también verificando que estas cuestiones se cumplan. De ahí, otra de las novedades de este anteproyecto: los servicios sociales pasan a considerarse esenciales. 

¿Qué significa esto en la práctica? Pues que debe asegurarse toda atención a las personas en situación de emergencia, con una mayor oferta de empleo público en el sector o mejorando la tasa de reposición cuando el personal se jubile.

Otra forma de unificar los servicios sociales es permitiendo una mayor movilidad territorial. Así, con la nueva ley, y como sucede con la sanidad pública, los servicios se mantienen a pesar del cambio de región del ciudadano, evitando el tener que repetir tramites que, a su vez, provoquen nuevas esperas.

Otra cuestión capital para poder unificar estos servicios está relacionada con la información que se genera. La ley creará un inédito sistema de información estatal, imprescindible para poder conocer la realidad nacional y para la cooperación entre distintas Administraciones y comunidades. En consonancia, para facilitar dicha colaboración interregional, también se diseñará una historia social única.

Puede parecer ahora que nuestra organización nacional por autonomías no hace más que complicar los procedimientos y propiciar la diferencia entre ciudadanos. Sin embargo, se trata de un sistema idóneo para adaptarse a las particularidades de cada territorio. Por esta razón, afianzar unas bases comunes va a permitir igualar los derechos de los españoles, pero manteniendo esa flexibilidad que, bien gestionada por los ayuntamientos y regiones –que conocen mejor que nadie la idiosincrasia de su zona–, puede ser decisiva para atinar con el tipo de atención que requiere cada comunidad.

Tras su previsible entrada en vigor, será labor de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales el consensuar cuáles deben ser esos servicios generales y decidir cuándo se considerará situación de emergencia social y, por lo tanto, deberá de haber una intervención pública. 

Antes de esa circunstancia, todavía queda un largo debate por delante, empezando por el que se producirá en las propias Cortes Generales, en el que las regiones tiene un papel relevante, y que terminará de rematar una ley que muchos creemos que llega tarde, pero que sigue siendo igual de necesaria.